VALLADOLID, 29 de septiembre
de 2014
El perjuicio al que se está
sometiendo al medio rural de Castilla y León es enorme, puesto que los
aprovechamientos de menos de 7000 m3/año contemplados por la ley de aguas que
se venían autorizando hasta ahora están siendo denegados, a pesar de que el
consumo de agua sería irrelevante si se permitiera realizar dichos sondeos.
LA ALIANZA UPA-COAG y las empresas de
sondeos de Castilla y León ha mantenido esta misma mañana una reunión con el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Valín, en la que hemos pedido soluciones al grave
problema que están sufriendo agricultores y ganaderos de la región, que ven
como se les está denegando los nuevos aprovechamientos de extracción de aguas
subterráneas de menos de 7.000 metros cúbicos.
La respuesta por parte del organismo de
cuenca ha sido la de no aportar solución alguna hasta que al menos a finales
del 2015 no se modifique el Plan Hidrológico.
Esto va a suponer un enorme perjuicio y
un mazazo a un gran número de explotaciones agrarias y a pequeñas industrias
del medio rural que ya habían iniciado todos los trámites burocráticos,
tramitando préstamos y realizando inversiones en algunos casos con obras
avanzadas a expensas de una concesión de sondeo, que ahora se les deniega.
Esta medida afecta a un amplísimo
territorio de Castilla y León puesto que se refiere a las masas de agua denominadas
Tordesillas, Tierra del Vino, Medina del Campo y Terciario detrítico bajo Los
Páramos.
Tanto LA ALIANZA UPA-COAG como los
responsables de empresas que realizan sondeos hemos expuesto al presidente de
la CHD que estamos hablando de aprovechamientos que tendrían un consumo de agua
irrelevante respecto a las concesiones existentes, por lo que la decisión no
afectaría al agotamiento de las masas de agua. Además le hemos recordado que
debería tenerse en cuenta que de las concesiones otorgadas se está extrayendo
un volumen que según estimaciones no alcanza el 50% del autorizado, con lo que
existe un amplio margen para permitir los referidos aprovechamientos de menor
consumo.
En todo caso, nuestra organización considera que el
daño que se provoca con negar estos permisos es de tal envergadura para la
economía del medio rural de Castilla y
León que puede decirse que se paraliza cualquier nueva actividad
económica que numerosas explotaciones y pequeñas industrias estaban programando
iniciar, debido a que se les niega la conducción para llevar agua y así poner en marcha esas actividades.
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